Tampoco soy experto en seguridad vial, luego me cuidaré de opinar sobre si la reducción de marras redundará en una disminución del número de accidentes y, por consiguiente, del número de víctimas, que siempre serán muchas, desgraciadamente. Es éste un razonamiento, en todo caso, que hay que manejar con cuidado pues, llevado a su extremo, conduciría a prohibir que se cogiera el coche como forma infalible de evitar los percances asociados a su uso. Dado el gusto por el ordeno y mando del actual padre prefecto, digo director general, de Tráfico, siempre echándonos la regañina, no seré yo quien descarte por completo esa posibilidad.
Pero, como digo, no son las razones relacionadas con el ahorro energético ni con la seguridad en las carreteras sobre las que tengo opinión formada. Lo que me parece inadmisible es que inicialmente se adujeran como motivos para disminuir la velocidad los relativos al ahorro energético y solo cuando se comprobó el rechazo provocado en la opinión pública por esa decisión se mencionara la seguridad vial. ¿Es respetuosa con la gente esta forma de proceder? ¿No supone eso proporcionar más madera a quienes critican la continuas improvisaciones del Ejecutivo?
Mucho me temo que la norma que entra en vigor el próximo lunes haya sido una decisión precipitada, solo comprensible a la vista del desconcierto reinante, y sin que unos estudios rigurosos ni, mucho menos, un debate parlamentario la hayan aconsejado. Son tantas las torpezas de este tipo que viene cometiendo en los últimos meses el Gobierno que pienso que los quintacolumnistas del PP en La Moncloa, sin duda numerosos, están ganándose el sueldo a pulso.
