18 de diciembre de 2010

Los intereses de España y del PSOE

CIRCULAN a menudo en el mundo de la política ciertos tópicos que, a base de repetirse, adquieren carácter de verdades irrefutables aun cuando, si se analizaran con detenimiento, resultarían más bien escasos de rigor. Uno de los más recientes, también utilizado hace unos días por el presidente de la Junta de Extremadura, es el de que las medidas adoptadas por el Gobierno para superar la crisis económica redundarán en el bien de España, aunque perjudiquen al partido socialista.

Antes que nada habría que establecer qué se entiende por España, porque dicho así, sin más, pudiera pensarse que en un país tan complejo como el nuestro es posible tomar decisiones que beneficien de igual manera a todo el mundo. Es cierto que el PSOE abandonó hace ya tiempo el marxismo, pero de ahí a pensar que no existen las clases sociales media un trecho, creo yo.


Pero, al margen de eso, admitida incluso la idea de España como suma de todos los españoles, la afirmación de marras me parece preocupante por, al menos, un par de razones. En primer lugar, porque nunca hubiera uno pensado que los intereses del partido socialista llegarían a ser considerados por sus propios militantes como contrapuestos a los de la ciudadanía o, al menos, su mayoría democráticamente expresada.

Se me podrá argüir que he entendido mal y que, en realidad, lo que se dice es que las decisiones tomadas últimamente tendrán un elevado «coste electoral», que el perjuicio ocasionado al PSOE se medirá en votos perdidos. Si así fuera, la afirmación de Vara sería más consistente. Más consistente desde un punto de vista lógico, pero a costa de un penoso sobrentendido: que la gente común, a diferencia de sus gobernantes, no sabe lo que le interesa y eso la llevará a votar dentro de unos meses, no a quienes buscan su bien, sino a quienes, en lugar de arrimar el hombro para salir del atolladero, se frotan las manos viendo pasar el cadáver de su enemigo.

Me temo que sea esto lo que suceda, que, casi cuarenta años después de la muerte del dictador, Zapatero y los suyos hayan asumido con resignación (y, probablemente, con acierto) que la sociedad española es exactamente la que algunos programas de televisión de creciente audiencia reflejan. Tendrían razones entonces para decir lo que dicen, pero el precio que habríamos pagado por ello se me antoja excesivo.

10 de diciembre de 2010

Pisa no está en Extremadura

EN EFECTO, la ciudad de la bellísima torre inclinada no está en nuestra tierra. Pero ahora sabemos que tampoco encontraremos Extremadura en PISA, el amplísimo y detallado informe (más de mil páginas de tablas, gráficos y análisis) que «ofrece resultados globales y niveles de rendimiento» sobre tres competencias básicas de los escolares de 67 países de todo el mundo y «evalúa la equidad del sistema educativo y permite un análisis de tendencias desde el año 2000». Como es sabido, los resultados de ese estudio han mostrado de nuevo que los escolares españoles se hallan claramente por debajo de la media del resto de sus colegas en los aspectos mencionados (comprensión lectora, matemáticas y ciencias) y que son escasísimos los que se sitúan en el nivel de excelencia.


La muestra española ha estado formada por 27.000 alumnos de Secundaria de casi mil centros educativos de todo el país, «aunque para analizar mejor la situación específica de algunas Comunidades Autónomas, catorce de ellas han decidido voluntariamente aumentar la muestra participante», según ha indicado de forma muy diplomática el Ministerio de Educación.

Esas muestras de tamaño estadísticamente significativo de las catorce Comunidades permiten establecer diferencias entre la situación de sus respectivos escolares, por lo que es de suponer que donde los resultados hayan sido más bajos se adoptarán medidas para mejorarlos en el futuro. Participar en un estudio tan amplio y riguroso como este, realizado por una organización independiente, desprovisto de todo sesgo de carácter partidista, parece obligado para obtener un diagnóstico lo más acertado posible de la situación educativa en este o aquel lugar, establecer las comparaciones oportunas y, en su caso, intentar corregir las deficiencias que se observen.

Pues bien, tres Comunidades Autónomas se han negado a proporcionar una muestra «ampliada» de sus escolares, por lo que tales comunidades no aparecen en la parte del Informe referente a España. Se trata, lo recuerdo, de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura. Que el lector saque las conclusiones que considere más oportunas al respecto. La de temer que los resultados, en relación con otras regiones, hubieran evidenciado el fracaso de un sistema plagado de retórica y de partidas presupuestarias que podrían tener mejor destino que el actual es, en nuestro caso, una de las más probables.

4 de diciembre de 2010

La ‘innovación’ tendrá un precio

NO SÉ QUÉ sucederá en otros países, pero pienso que uno de los mayores problemas de la administración pública en España es la escasa repercusión que en su carrera profesional tiene la calidad del trabajo de los funcionarios. Se diría más bien que para progresar en los respectivos cuerpos lo que prima no es tanto la valía y entrega de los empleados públicos como su capacidad para pasar desapercibidos.

Debido a ello, mi primera reacción ante el anuncio de que la Junta de Extremadura premiará económicamente a los profesores con mayores méritos fue positiva. Si una máxima del pensamiento progresista ha sido siempre la de «a igual trabajo igual salario», también habría que defender que a diferente trabajo corresponda diferente salario. Magnífico, pues, que ese lema se haga realidad en el colectivo docente. (La decisión a que me refiero se contiene, como sabrá el lector, en el proyecto de Ley de Educación recientemente aprobado por la Junta de Extremadura tras el pacto de los dos únicos partidos presentes en la Asamblea).


Pero lee uno que, según la consejera, el «reconocimiento» económico afectará a los docentes «especialmente implicados, especialmente motivados y especialmente innovadores» y entonces surgen las dudas. Porque si gratificar a los mejores profesores es de sentido común, lo de motivados, implicados e innovadores huele a chamusquina. Lo primero, porque la motivación no depende del profesor, sino de las circunstancias en que se desarrolle su tarea; resultará más probable en un centro bien organizado, con padres y alumnos responsables, que en otro en que todo vaya manga por hombro. Lo de implicados, por ser un concepto tan vago que parece impropio de una norma legal. Y en cuanto a lo de innovadores… ¿Innovar sin más? Porque si la innovación se practica para mejorar la formacion de los estudiantes, estupendo; pero si consiste en decir amén a todas las ocurrencias tecnológicas o pseudopedagógicas de la Consejería de turno, lo que se potenciará será –y perdóneseme la expresión un tanto vulgar– el compadreo.

Mejores servicios de inspección independientes que permitan evaluar el trabajo de los profesores, más control de la calidad docente y menos palabrería. Eso es lo que necesita el sistema educativo. Lo demás son cuentos chinos.