Si una jueza trata despectivamente a un acusado que se muestra respetuoso en un juicio, por ejemplo, la imparcialidad de la magistrada no habrá de ponerse en duda, aunque su modo de proceder invitará a ello. Si determinadas decisiones adoptadas por un Ejecutivo supuestamente de izquierdas reciben elogios del mayor banquero de su país, mientras los sindicatos las critican, no podrá asegurarse que sobra alguna letra en las siglas del partido que sustenta ese Gobierno, pero se podría estar tentado de hacerlo.
Si ciertas monjas, en lugar de imitar a las misioneras que se dedican en países tercermundistas a ayudar a los pobres y cuidar enfermos desahuciados, hacen un negocio millonario vendiendo terrenos en pleno centro de una ciudad, mientras envían a sus escolares a recaudar fondos para el Domund, nadie las acusará de hipocresía, pero alguien recordará la expulsión de los mercaderes del templo. Si un Ayuntamiento tuerce y retuerce la ley para que un plan de urbanismo se adapte como un guante a las manos –dicho sea sin segundas– de unos pocos, incumpliendo compromisos previamente contraídos, no podrá hablarse en términos estrictamente jurídicos de ilegalidad, pero la apariencia que se da es justamente la contraria.
La realidad, ya se sabe, es muy tozuda. No siempre se pliega a nuestros deseos. Pero se ha llegado a un punto en que cabría pedir un poco, aunque sólo fuera un poquito más de elegancia, de disimulo si quieren, a quienes en sus procederes ya ni siquiera se preocupan de guardar las más elementales formas.
