CUANDO, tras la reunión de Las Azores, el Gobierno de Aznar
decidió la participación del ejército español en la invasión de Irak,
fuimos millones de españoles los que nos manifestamos abiertamente en
contra. En la totalidad de poblaciones importantes de nuestro país se
sucedieron las marchas de protesta. Entre ellas, Cáceres, donde un
numeroso grupo de personas se reunió ante la sede del PP. Algunos
militantes de este partido, con la inestimable colaboración de la
jerarquía de la policía local, denunciaron judicialmente a varios de los
participantes en dichas protestas, que hubieron de acudir a los
juzgados, tras ser citados formalmente. Al cabo de unos meses y tras
varias comparecencias, se les informó de que el juez había decidido
archivar las denuncias por carecer de fundamento.
Ahora leo que
«el
Ayuntamiento de Guadalajara, que gobierna con mayoría absoluta Antonio
Román (PP), aprobó una moción para pedir a la Delegación del Gobierno
que identifique a los más de 500 profesores que el miércoles protestaron
en la ciudad contra el aumento de horas lectivas, que según los
sindicatos mandará al 10% de los interinos a la calle». No que se identifique ni a uno ni a dos. A los 500. ¡Y aún no estamos a 21 de noviembre!
De casta le viene al galgo.
