16 de octubre de 2010

Una ley electoral injusta

VUELVE a hablarse en estos días del asunto de la ley electoral y el modo en que se reparten los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Es sabido que en virtud de la llamada ley D’Hont y del número de diputados asignados a cada provincia, el coste en votos de un escaño en esa cámara es tremendamente dispar según el partido del que se trate. Así, por ejemplo, mientras que Izquierda Unida necesitó en las últimas elecciones casi 500.000 votos para obtener un escaño y Unión, Progreso y Democracia 300.000, al PP y al PSOE les bastó, a cada uno, con 66.000 votos. No parecen necesarios más datos para concluir que el sistema es de una injusticia flagrante. Por cierto: contra lo que suele decirse, la ley no favorece especialmente a los partidos nacionalistas, pues el coste de cada uno sus diputados es semejante al de los del PP y el PSOE.


Los argumentos que dan los dos grandes partidos para mantener ese estado de cosas suelen basarse en que, por una parte, no es deseable un parlamento atomizado, en el que nadie obtenga mayoría y, por otra, en que una distribución más proporcional de los asientos en el Congreso disminuiría la representación de provincias escasamente pobladas, como las extremeñas. No obstante, y sin olvidar que la cámara de representación territorial no es el Congreso, sino el Senado –de dudosa utilidad, por cierto–, numerosos estudios demuestran que podría lograrse una mayor proporcionalidad en la asignación de diputados sin caer en los riesgos a los que aluden socialistas y populares. El profesor Peces-Barba, por ejemplo, propuso hace tiempo la creación de una circunscripción extra de 50 escaños, factible sin reforma constitucional, que recogería los votos desaprovechados en cada provincia. En estas mismas páginas [El Periódico Extremadura, 20-12-2007] tuvimos ocasión de comprobar que ello daría lugar a un Congreso más semejante en su composición a la sociedad española, que no es atomizada, pero sí plural. Y advertíamos de que no era descartable una situación en que un PSOE sin mayoría hubiese de lamentar no haber permitido una adecuada representación a muchos electores situados a su izquierda.

Sin embargo, no solo se trata de que el sistema vigente sea manifiestamente injusto. Lo que debiera encorajinarnos hasta decir basta es que, encima de ser los responsables de lo que sucede, los dos partidos mayoritarios –semejantes en tantas cosas– apelen cada vez que se aproximan unas elecciones al que llaman voto útil. Si eso no es cinismo, que venga Dios y lo vea.