Homenajes a troche y moche

PARECE FUERA DE DUDA que los españoles acostumbramos a reconocer los méritos de nuestros paisanos más insignes cuando se han ido de este mundo. Leyendo muchas de las necrológicas que publican los diarios se da uno cuenta de que no pocos difuntos hubieran agradecido haber oído en vida lo que, en sus nuevas circunstancias, es altamente improbable que llegue hasta ellos. De modo que no estaría de más que cuando sepamos que alguien, noble o plebeyo, realiza bien su trabajo y contribuye a que los demás lleven una vida más feliz le otorguemos reconocimiento mientras aún ande por aquí. Sin pedirle nada a cambio, salvo, en todo caso, su gratitud.

Pero esa tendencia, ese retraso que suele manifestarse a la hora de reconocer que hay personas singulares que se esfuerzan por los demás, se torna en precipitación y premura cuando se trata de homenajear a algún preboste de la política. No hablo, claro está, de los tiempos de la dictadura, cuando apenas si había calles en pueblos y ciudades para repartir entre ellas los nombres de tanto gerifalte, empezando por el principal de ellos. No hablo de esa época, no. Hablo de nuestros días.

Siente uno vergüenza ajena al comprobar la falta de pudor con que algunos políticos de poca monta, de los de veinte en docena, proponen homenajes sin tino a viejos dinosaurios que, ensimismados en su histrionismo, no tienen reparo en recibir medallas, en que se ponga su nombre a las calles o en aceptar, mientras sueltan chascarrillos, tratamientos protocolarios que para sí quisiera la reina de Inglaterra. Que quienes ofrecen esos homenajes actúen así probaría la asunción por su parte de que es de bien nacidos ser agradecidos, pero que los merecedores de lápidas con su nombre en las plazas y medallitas en el pecho pensaran que esas lisonjas se deben a méritos auténticos probaría que la adulación sigue siendo música celestial hasta para quienes, tiempo atrás, cuando aún no se habían convertido en personajes, hubieran rechazado escandalizados tal posibilidad.

Sorteos de jurados

RECIBO, POR CORREO CERTIFICADO, escrito de la Secretaría de la Audiencia Provincial de Cáceres en el que se me comunica que, tras el preceptivo sorteo, he quedado incluido en la lista de candidatos a jurado para el bienio 2009-2010, según lo dispuesto en la correspondiente Ley Orgánica.


Pues muy bien, sé que el desempeño de tal función es un deber ciudadano y lo acepto gustoso (es un decir). Sin embargo, me llama la atención que se me indique que la inclusión en esa lista es consecuencia de un sorteo efectuado hace más de dos años, concretamente el 28 de septiembre de 2006. Que la justicia tiene un ritmo de funcionamiento incomprensible para el común de los mortales es una obviedad que nadie discutirá, pero que los sorteos de jurados se efectúen con más de dos años de antelación es algo que, a mi juicio, supera todo lo factible de ser supuesto utilizando la lógica y el sentido común.

Garzón y Fraga

QUE HAY JUECES que, si no salen en el telediario, no duermen, no habrá quien lo dude. A veces se pregunta uno, incluso, cuántas horas tendrá el día para ellos, que lo mismo se suben a bordo de una motora policial para abordar un barco de narcotraficantes, que se desplazan a una erikotaberna para registrar bajo el mostrador, que encausan a este o aquel personaje político, español o extranjero, para hacerle pagar por sus delitos. Pero cuál sea el motivo último de su proceder es algo insustancial a fin de cuentas. Lo importante, pienso yo, es que cuando emprendan un procedimiento lo hagan basándose en razones sólidas y que al final se haga justicia. Parece necesario recordar esa obviedad ante la decisión del juez Garzón de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

Puede que a algunas personas bienintencionadas les parezca válido el manido argumento de algunos políticos de la derecha cuando, para rechazar cualquier desvelamiento de la verdad durante tantos años ocultada, se acogen a la conveniencia de “no remover el pasado”. Pero, claro, es lógico que muchos de esos escandalizados de que miles de familias quieran saber dónde reposan los restos de sus padres y abuelos prefieran que no se hable del pasado. ¿Cómo no va a calificar el presidente del PP, Manuel Fraga, de “disparate” y “error gravísimo” la decisión del juez Garzón? ¿No estaba él, por ejemplo, en el Consejo de Ministros que aprobó el fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau, en los años sesenta? ¿Cómo le va a gustar que se “remueva el pasado”? ¡Mira que si viéramos a Fraga procesado!
Más sorprendente en cambio resulta la reacción de algunos socialistas, como Ramón Jáuregui, que al manifestar reticencias contra la decisión judicial habrá decepcionado, sin duda, a muchos militantes de su propio partido que, con la mano en el corazón, saben que refugiarse en tecnicismos para que la verdad permanezca oculta no deja de ser una actitud oportunista y merecedora del mayor reproche.

Decadencia estudiantil

LEO EN LA PRENSA que el descenso del número de universitarios en Cáceres en los últimos años ha hecho que una conocida residencia estudiantil haya tenido que cerrar sus puertas. Es una información que se añade a otras anteriores en la misma línea que hablaban de la dificultad de determinados centros y facultades para lograr una matriculación que hiciera rentable su funcionamiento. Y ello sucede, curiosamente, en las mismas fechas en que un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo acerca de las profesiones de las que se requieren más titulados en toda España, se señala la imperiosa necesidad en muchas provincias de médicos, ópticos, ingenieros informáticos... El lector juzgará, a la vista de ambas situaciones –escasez de alumnos, por una parte, y demanda de titulados en determinadas especialidades, por otra, a lo que habría que añadir el paro existente entre graduados en estudios de reciente existencia–, si la política de creación y distribución de centros universitarios en nuestra región, que algunos juzgamos basada más en criterios de amiguismo y corporativismo que en razones de utilidad social, fue la mejor de las posibles. Aquello de con mi dinero –el de todos– hago lo que quiero ha traído estos frutos.

Se trata, en todo caso, de un asunto que no debe ser tratado a ligera y que habría que contemplar desde un punto de vista más amplio, que analizara la opinión ciudadana sobre el papel de la universidad y sobre los rasgos que debieran caracterizar a su población estudiantil. Porque si se indaga un poco al respecto la conclusión puede ser desalentadora. El periódico en el que se informaba del cierre de la residencia terminaba su nota indicando no que el descenso del número de estudiantes se manifestara en una menor afluencia a bibliotecas o actividades culturales diversas, conferencias o sesiones de teatro; no. “La decadencia estudiantil”, decía el rotativo, “la aprecian otros sectores económicos, entre ellos los dueños de bares y discotecas”. ¡Estamos apañados!