QUE HAY JUECES que, si no salen en el telediario, no duermen, no habrá quien lo dude. A veces se pregunta uno, incluso, cuántas horas tendrá el día para ellos, que lo mismo se suben a bordo de una motora policial para abordar un barco de narcotraficantes, que se desplazan a una erikotaberna para registrar bajo el mostrador, que encausan a este o aquel personaje político, español o extranjero, para hacerle pagar por sus delitos. Pero cuál sea el motivo último de su proceder es algo insustancial a fin de cuentas. Lo importante, pienso yo, es que cuando emprendan un procedimiento lo hagan basándose en razones sólidas y que al final se haga justicia. Parece necesario recordar esa obviedad ante la decisión del juez Garzón de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
Puede que a algunas personas bienintencionadas les parezca válido el manido argumento de algunos políticos de la derecha cuando, para rechazar cualquier desvelamiento de la verdad durante tantos años ocultada, se acogen a la conveniencia de “no remover el pasado”. Pero, claro, es lógico que muchos de esos escandalizados de que miles de familias quieran saber dónde reposan los restos de sus padres y abuelos prefieran que no se hable del pasado. ¿Cómo no va a calificar el presidente del PP, Manuel Fraga, de “disparate” y “error gravísimo” la decisión del juez Garzón? ¿No estaba él, por ejemplo, en el Consejo de Ministros que aprobó el fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau, en los años sesenta? ¿Cómo le va a gustar que se “remueva el pasado”? ¡Mira que si viéramos a Fraga procesado!
Más sorprendente en cambio resulta la reacción de algunos socialistas, como Ramón Jáuregui, que al manifestar reticencias contra la decisión judicial habrá decepcionado, sin duda, a muchos militantes de su propio partido que, con la mano en el corazón, saben que refugiarse en tecnicismos para que la verdad permanezca oculta no deja de ser una actitud oportunista y merecedora del mayor reproche.
