Un principio que cada día se ve más vulnerado es el de la presunción de inocencia. Aunque en ocasiones se llegue a afirmar que alguien ha sido acusado de un presunto delito –disparate mayúsculo: se acusa de delitos; luego habrá que probar que se han cometido– ello no impide que muchas otras veces se atribuya antes de tiempo y en grandes titulares la culpabilidad, como si ya hubiese mediado sentencia judicial.
Dos casos recientes me han llamado particularmente la atención. El primero se produjo dos días después de la declaración de la tregua por parte de ETA. Una gran fotografía mostraba en distintos periódicos a una chica conducida por dos guardias civiles bajo el rótulo, en algún caso y con grandes caracteres: «La Guardia Civil detiene a dos etarras». Ni el beneficio de la duda, pues. Claro que cuando a los dos días se informó de que la detenida había sido puesta en libertad al no existir constancia de su pertenencia al «entramado terrorista», el tamaño de los titulares fue microscópico.
¿Y sobre lo de Murcia? Se detiene a un joven como sospechoso de la brutal agresión al consejero de Cultura, basándose exclusivamente en un vago reconocimiento fotográfico hecho por el afectado, se difunden imágenes y datos privados de alguien que, mientras no se demuestre lo contrario, es inocente y cuando, días después, el juez lo deja en libertad por falta de pruebas, aquí nadie pide disculpas.
Los españoles teníamos razones para estar satisfechos de la forma en que nos habíamos desprendido de modos de comportamiento propios de la pasada dictadura. Creo que empezamos a tenerlas para preocuparnos por cómo algunos de esos modos vuelven a instalarse entre nosotros.
