PARECE fuera de duda que los partidos políticos constituyen la vía más adecuada para la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. Aunque todos sepamos que, con frecuencia, la militancia en tales organizaciones, más que un razonable acuerdo con los principios de cada una de ellas, exija una sumisión acrítica a las decisiones de las cúpulas dirigentes. Es un asunto éste que podría relacionarse con un sistema electoral en el que la existencia de listas cerradas propicia que sean los méritos contraídos ante el superior jerárquico, y no ante los ciudadanos, los que permiten llegar a desempeñar cargos de importancia. Hay otros sistemas electorales que, sin menoscabo del carácter propio de cada partido, permiten que los electores elijan dentro de una lista los candidatos más idóneos. Que el lector saque las conclusiones oportunas sobre, por ejemplo, las alcaldías de los ayuntamientos extremeños si a la hora de depositar el voto se le diera más libertad al votante.
Viene lo anterior al caso por lo sucedido en Benidorm, donde doce concejales socialistas han pactado con un tránsfuga del PP el desalojo de la alcaldía de otro miembro de este último partido, al que acusan de “prevaricación e invasión de competencias”. Como en Ferraz se amenazase con abrir expediente de expulsión a quienes votaran la correspondiente moción, a los concejales socialistas no les ha quedado más remedio, “para no perjudicar al partido”, que darse de baja en el mismo.
La conclusión que puede sacarse de todo ello es que, a la hora de mantener o no a un alcalde en su puesto, importa más lo que consideren los dirigentes centrales de los partidos que lo que piensen los concejales que, aunque incluidos en una lista con determinadas siglas, se supone que ofrecieron a los votantes algún mérito personal amén del de la obediencia. De ser ello cierto parecería aconsejable una modificación de un sistema electoral que prima la sumisión y el acatamiento sobre la capacidad e iniciativas propias.
