PARA UN LEGO en Derecho, como un servidor, resulta cada día más difícil entender la jerga en la que a menudo se formulan las decisiones judiciales. Y no me refiero, claro está, a que ante asuntos concretos haya opiniones diferentes entre los encargados de aplicar justicia o entre los jueces obligados a informar sobre ellos, como sucede ahora con el dictamen sobre la ley del aborto. Ni a la distinta valoración que en los tribunales se hace de algunas pruebas y la forma en que se obtienen, como ha ocurrido recientemente en Cáceres con el asunto de la supuesta prevaricación en Tráfico. Ni tampoco, desde otro punto de vista, a la sensación de vulneración del principio de independencia de los jueces cuando en órganos como el Consejo General del Poder Judicial se sabe de antemano en qué sentido se pronunciarán sus integrantes según sus respectivas adscripciones ideológicas.
Con lo de la incomprensión me refiero a esas formulaciones barrocas con las que se expresan muchos tribunales. La última que me ha sorprendido ha sido ésa según la cual un destacado miembro del PP ha sido citado al Tribunal Supremo como “imputado provisional”. Un lego en Derecho, como digo, siempre hubiera pensado que las imputaciones son por esencia provisionales, pues imputar es atribuir inicialmente, no declarar probadas responsabilidades. Si somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, toda imputación será provisional, ¿no?
Aunque es cierto que, a menudo, la justicia, como Dios, se ve obligada a escribir con renglones retorcidos. Al fin y al cabo, si el mismísimo Al Capone acabó sus días entre rejas no fue por ordenar decenas de asesinatos, sino por los delitos fiscales que cometió. Ejemplo que pongo a riesgo de que algún lector lo considere desafortunado, pero coincidirán conmigo en que las conversaciones intervenidas a los implicados en el famoso ‘caso Gürtel’ más parecen propias de gánsteres del Chicago de la Ley Seca que de políticos honrados cuyo propósito sea contribuir al bien común.
