Pues bien, que la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal haya resuelto por una mayoría aplastante que la asignatura de Educación para la Ciudadanía no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación moral o religiosa que ellos, los padres, deseen, evidencia, como recoge en estos días la mayor parte de la prensa, la endeblez del montaje creado acerca de ese asunto por los obispos y ciertas asociaciones ultra católicas. Montaje que si había alcanzado cierta repercusión fue exclusivamente porque el Partido Popular, escaso de ideas, creyó haber encontrado en él un "buen tema con el que crear conflicto en el ámbito educativo". El ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde se intentó el disparate de impartir la disciplina de marras en inglés, es suficientemente ilustrativo de lo que digo.
Ahora, con independencia de la opinión que a muchos nos merezca la inclusión en los currículos escolares de una materia que, queramos o no, recuerda a las viejas marías de antaño y cuyos objetivos educativos se pueden alcanzar con la práctica docente diaria, sea en clase de matemáticas o de geografía, es de esperar que el arzobispo de Madrid, Rouco Varela , el mismo que habla de quienes "dicen no creer en Dios", quien calificó dicha asignatura como inconstitucional, reconozca su error tras la sentencia del Supremo. O que, si se empeña en seguir haciendo el ridículo, proponga a Roma la excomunión de los jueces que tan integralmente lo han despojado de sus pomposas vestiduras, dejándolo en un estado de desnudez impropio de su altísima dignidad. Bien pensado, y visto el panorama vaticano, puede que lo consiguiera.
