NO SOY EXPERTO EN URBANISMO, por lo que me abstendré de opinar desde un punto de vista técnico sobre la decisión de la Comisión Regional que ha establecido la necesidad de modificaciones en el Plan General Municipal de Cáceres, pero sí me parece posible hacer algunas consideraciones sobre la forma en que la oposición en el ayuntamiento cacereño ha acogido una resolución que, como se sabe, ha suspendido la tramitación del plan hasta que se corrijan en él aspectos tan importantes como los referentes a la ubicación de El Corte Inglés o a las viviendas previstas en la estación de Arroyo-Malpartida.
Lo que más me ha llamado la atención de la reacción de los ediles del Partido Popular ha sido su reiterada mención a que la resolución constituye “una intromisión clara de unos señores de Mérida”, pues “ni el consejero, ni el presidente de la Junta, son nadie para limitar la capacidad de desarrollo de los cacereños”. ¿Nadie? No es que uno sea muy partidario de la existencia de entes administrativos que quizá se constituyeron sin necesidad, pero esos “señores de Mérida” son los que forman un órgano legítimamente encargado de tramitar grandes proyectos urbanísticos, creado en ejercicio de sus competencias por la Junta de Extremadura, cuya composición, acaso lo recuerde el fogoso portavoz municipal del PP, es consecuencia de unas elecciones en las que su partido, como en muchas otras ocasiones anteriores, resultó derrotado.
Aunque, en el fondo, no creo que los del PP se preocupen mucho por los hipotéticos inconvenientes que pudiera suponer la suspensión del plan. No lo creo porque el PP practica la política de tierra quemada. Recuerden la actitud que mostró hace unos días aquí mismo su portavoz de empleo tras los malos informes sobre el paro en el último mes, cuando escribió que “afortunadamente, los datos están poniendo a cada uno en su sitio”. Es decir, húndase el barco, aunque con él nos hundamos todos, si con ello logramos que nuestros adversarios perezcan. Así les luce el pelo.
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