NUNCA HE DUDADO de las buenas intenciones de quienes en los últimos años han legislado sobre temas educativos. Ni pensé que el propósito del PSOE con su denostada LOGSE fuera el de sacrificar el buen nivel de conocimientos de nuestros jóvenes en aras de la ineludible extensión de la enseñanza secundaria a toda la población, ni pasó por mi cabeza que la no menos denostada Ley de Calidad, del PP, pretendiera discriminar a unos estudiantes de otros según su origen social. Los juicios críticos que muchos profesores hemos emitido sobre las normas reguladoras de nuestro sistema educativo no han sido de intenciones. Lo han sido de hechos. Y éstos son tozudos.
Acaba de hacerse público un nuevo informe PISA. Ya se sabe: una evaluación que periódicamente realiza la OCDE de los sistemas educativos en los países desarrollados. Y, a mi juicio, lo más destacable de los resultados, en lo que a España se refiere, no es tanto que sigamos ocupando un puesto mediocre en el ranking internacional (a fin de cuentas, no estamos en una competición deportiva, y siempre habrá quienes se hallen por debajo de la media) sino lo que revelan sobre nuestra escasa equidad educativa, dada la gran diferencia de nivel existente entre los mejores y los peores alumnos. Ello pone en evidencia el fracaso de las últimas medidas legislativas. Porque uno de los propósitos que las ha inspirado, especialmente a las impulsadas por el PSOE, ha sido el de alcanzar una generalización de la educación que, con instrumentos como la famosa diversificación curricular, fuera compatible con la atención a las peculiaridades de cada alumno. Pero, por lo que se ve, las diferencias de conocimientos entre los escolares españoles no han disminuido en los últimos años. De modo que no se trata sólo de que nuestro nivel medio sea muy mejorable, sino que sigue habiendo muchos estudiantes con graves carencias. Por cierto: Extremadura no figura entre las comunidades autónomas que, voluntariamente, participaron en el estudio. Ignoro la razón.
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