CUALQUIERA QUE haya tenido la paciencia de leer algunos de los comentarios que con mi firma y sobre asuntos educativos han aparecido en estas páginas en los últimos años, sabrá que no soy precisamente un defensor de las correspondientes administraciones, tanto se trate del ministerio de Madrid como de la consejería de Mérida. Siempre he mantenido que críticas de las que antes se llamaban constructivas, aunque hoy el término suene a chiste, son necesarias para que los responsables políticos no se duerman en los laureles y puedan barajar opiniones que no procedan únicamente de quienes entonan la misma canción que ellos.
Ese forma de actuar quizás le conceda a uno cierta autoridad cuando, como ahora ocurre, siente la necesidad de denunciar el oportunismo que caracteriza a algunos políticos de la oposición. En esta ocasión quien provoca mi reflexión es el secretario general del PP de Extremadura, que recientemente manifestó que incidentes como el de Helechosa, en el que la abuela de una alumna tuvo un altercado con una maestra, u otros semejantes ocurridos anteriormente, son debidos al «fracaso» de las medidas de convivencia puestas en marcha por la Junta, y a los preceptos de la anterior Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que «socavó» la autoridad de los docentes y dio a los alumnos «muchos derechos y pocos deberes».
Menos mal que el diputado que así se expresa no es finlandés. No quiero ni imaginar qué hubiera dicho ante el tremendo suceso en el que un alumno de esa nacionalidad mató a tiros a siete compañeros y una profesora antes de disparar sobre sí mismo. Sabe el lector que Finlandia, donde el 95% de sistema educativo es público, encabeza todas las clasificaciones sobre el nivel formativo de los jóvenes, que allí la docencia es la profesión de mayor prestigio social...Y pese a ello ocurren sucesos como el que comento, de los que nadie responsabiliza a las leyes vigentes. Claro que allí, para su fortuna, no tienen una oposición como la nuestra.
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