SE ESCANDALIZAN, con motivo, comentaristas de todo tipo y condición ante la manipulación que Televisión Española urdió para ocultar a los telespectadores la pitada con que aficionados vascos y catalanes reaccionaron a la aparición de los Reyes en el palco del estadio de Mestalla y a la reproducción del himno de España. No pongo en duda que el directivo luego destituido fuera el responsable del desaguisado, impropio de la televisión pública de un Estado democrático, pero mucho me temo que el incidente no haya sido sino reflejo de unos resabios censores aún presentes en nuestra sociedad.
Sin embargo, existe una situación que supone una censura y una limitación de libertades mucho más grave que la del otro día sin que nadie parezca protestar por ello. Lo que está sucediendo con la anulación de ciertas candidaturas electorales, gracias a una Ley de Partidos elaborada ad hoc y sobre cuya aplicación pronto habrá de pronunciarse el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, debiera provocar, a mi juicio, un enérgico rechazo por parte de una opinión pública que distinguiera entre no estar de acuerdo con alguien e impedir que este alguien se pronuncie.
Ya saben: como sería un disparate tildar a un dramaturgo del prestigio de Alfonso Sastre, o a una pacífica militante de izquierdas, destacada diputada durante más de una década, como Ángeles Maestro, experta como medico en asuntos de sanidad, de peligrosos terroristas, se recurre a que la coalición con la que pretenden presentarse a las elecciones europeas constituye una etérea “sucesión fraudulenta del entorno” de Batasuna. No se trata de castigar penalmente a los autores de delitos, lo que nadie rechazaría, sino de criminalizar una forma de acción política que, aunque cuente con el apoyo de cientos de miles de ciudadanos, no resulta muy televisiva, por así decir.
Las elecciones al Parlamento europeo parecen preocupar poco al común de los mortales. No creo que con prohibiciones y vetos su interés vaya a aumentar de aquí a cuando se celebren.
