Pero no. Leyendo con detalle la noticia me percaté de que el asunto no había sido exactamente así. Quiero decir, la denuncia existió y los motivos que se alegaron fueron los citados, pero lo sucedido tiene poco que ver con lo que la dichosa asociación pretendía hacer creer.
El caso, en realidad, ha sido el de una anciana de 91 años que, tras sufrir un derrame cerebral hace meses, quedó en una situación de coma profundo e irreversible, siendo alimentada artificialmente desde entonces, inmóvil en una cama hospitalaria, a través de una sonda que la mantenía en lo que difícilmente podría llamarse vida. La familia se acogió a la andaluza Ley de Muerte Digna para que cesara el encarnizamiento terapéutico con la anciana, la Justicia le dio la razón y, tras las oportunas consultas, el hospital retiró la sonda a la agonizante, que falleció de forma natural hace unos días.
Lo preocupante de este suceso no es que ciertas asociaciones integristas dicten a sus miembros las normas de conducta que estimen oportunas, sino que pretendan imponer sus puntos de vista morales y religiosos a toda la ciudadanía, aun a costa de derechos que debieran ser intangibles. Incluso atemorizando a médicos y enfermeros con denuncias injustificadas. Por ello es conveniente que, en la medida en que ciertas normas legales lo permiten, como la que en Extremadura regula la Expresión Anticipada de Voluntades, quienes no quieran verse sometidos, llegado el caso, a tratamientos hospitalarios que atenten contra su dignidad y prolonguen artificialmente su existencia, dejen constancia escrita de ello. No solo en beneficio propio y del personal sanitario, sino para contribuir a frenar el avance de posturas retrógradas como la que motiva estas líneas. Parar los pies a esos apóstoles del sufrimiento, que si es menester utilizan el crucifijo para implantar a martillazos sus criterios, es obligación de todos.
